La Asociación Civil “Fe y Esperanza”, que dirige Rosario Torres Mata, denunció una serie de hostigamiento y persecución de parte de diversos servidores públicos que obstaculizan la labor que esta organización lleva acabo para poder ayudar a los familiares de las víctimas del delito, toda vez que un juez emitió una ejecución de embargo sobre los bienes de la asociación para tratar de disolver la misma y afectar la lucha por la defensa de los derechos de estas personas.
De acuerdo a Torres Mata quien estuvo acompañada por parte de su equipo jurídico, el embargo se derivó de una multa que el juez Pedro Luis Gómez Ávila ordenó, ya que supuestamente el 21 de febrero se llevaría a cabo una audiencia en donde había sido citado a la abogada, pero esa fecha se dejó sin efectos por órdenes del Gestor del Centro de Justicia de San Luis Potosí Erik Briones Méndez, sin embargo al juez le importó poco el mandamiento de dejar sin efecto la audiencia y de manera arbitraria ordenó que se pusiera una multa a la abogada de la sucesión por no asistir la misma.
El monto inicial era de mil 600 pesos, sin embargo en tres meses generó intereses hasta elevarse a casi 3 mil pesos, finanzas omitió informar a Rosario Torres Mata de la multa y en su lugar envió una persona a embargar directamente muebles sin importar si eran propiedades de la abogada, quien además denunció que el poder judicial ejecutó intencionalmente esto con el fin de afectar el patrimonio de la directora jurídica y negarle su derecho a defenderse.
Junto a varios de los familiares de las víctimas, llamó al gobernador del Estado, los diputados locales pero principalmente al Consejo de la Judicatura y al presidente del Supremo Tribunal Juan Paulo Almazán Cué, que no permitan estos abusos y que además se sancione a todos aquellos funcionarios que solo buscan obstaculizar la labor de la asociación cuando se busca avanzar en la resolución de los casos que se investigan y se busca sancionar a los delincuentes.
En este sentido hizo especial énfasis sobre el titular del Centro de Justicia Penal Erik Briones Méndez, ante la serie de trabas que existen al interior de la instancia a su cargo, ya que entre otras cosas, los afectados señalaron que supuestamente existe en el cien por ciento de los casos que se manejan a través de la asociación Fe y Esperanza, omisiones, además de que no se notifican las audiencias, no se les permite consultar expedientes, tardanza para sacar copias, entre otros aspectos que retrasan o generan que los expedientes lleguen con deficiencias a los jueces quienes a su vez emiten fallos que favorecen a los delincuentes.
“Con estas acciones quieren callarnos, pero no nos vamos a parar por eso hacemos el llamado al presidente (del STJ) para que pongan en orden a la gente de abajo, pedimos que paren este ataque porque sólo así pueden ganarle a los abogados de la asociación embargando equipo de trabajo que tiene el personal para de realizar su labor en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del delito, es evidente un ataque porque siempre exigimos sanciones para los abogados que faltan a las audiencias para retrasar el proceso de las víctimas, así como para los jueces que no asisten o retrasan las audiencias en el centro de justicia penal, primero inventan esto después ¿qué sigue, inventar que cometí un delito, que maté a alguien?”, concluyó.
