Las reformas que aprobó la Cámara de Diputados a la Ley General de Salud para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, podría afectar a más de 60 millones de personas en el país, y son los grupos más vulnerables los que sufrirán las consecuencias de la reforma, afirmó la diputada local de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz.
Explicó que con esta reforma que fue aprobada por la Cámara de Diputados, “se eliminan sistemas legales, financieros y organizacionales que fortalecían el derecho humano a la salud, siendo así una acción que se aleja completamente del Plan Nacional de Desarrollo”.
Enfatizó “que el Gobierno Federal no podrá garantizar un sistema que protegía a más del 52% de la población que se encuentra en situación de pobreza, por lo que los servicios de salud quedarán en un estado de vulnerabilidad”.
