La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), espera desahogar pronto los casos de violación a los derechos humanos que se generaron por parte de la autoridad municipal capitalina que comprenden el desalojo de comerciantes en el Centro Histórico, el caso de la ex titular de una oficialía del Registro Civil, Teresa Carrizales, la falta de inclusión de comunidades indígenas en el proceso de consulta para integrar la dirección de Asuntos Indígenas, junto a uno más que no fue revelado, a través de los cuales no se descarta que se obligue a la autoridad municipal al cumplimiento de las medidas de no repetición y reparación del daño.

El titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo, sostuvo un encuentro con el secretario del ayuntamiento Sebastián Pérez González para analizar dichos casos y exhortar a la autoridad municipal en la colaboración plena para que el proceso de cada uno se desahogue de manera satisfactoria y se cumpla con la reparación del daño a las víctimas.

Vega Arroyo señaló que en el caso deTeresa Carrizales, la resolución podría ir encaminada a la reparación del daño por el hecho de ser mujer, e igualmente se apliquen las medidas de restitución de derechos, la compensación económica si es que se considera, y la medida de satisfacción que podría ser una disculpa pública, sin embargo apuntó que es un tema que aún se está valorando.

“En los comerciantes tiene que haber una restitución, pero también se está trabajando con ellos y con Comercio municipal, puede considerar la reubicación tomando en cuenta la reglamentación existente y aquí se trata de un grupo de mujeres que están señaladas como víctimas en la recomendación, son 7 de elllas”, apuntó.

Vega Arroyo aclaró que la CEEAV trabaja en estos casos, pero se mantiene a la espera de más recomendaciones que podrían ser emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, e igualmente esperará los procedimientos que corren a través de otras instancias como la Fiscalía General del Estado o los juicios políticos, para determinar si es posible aplicar sanciones sobre los funcionarios de la actual administración, aunque se trata de situaciones que van por separado.