La pandemia del covid-19 es una oportunidad para que México focalice políticas públicas diferenciadas en el campo mexicano para que se fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria desde lo local, así lo consideró la internacionalista Fuensanta Medina, académica de El Colegio de San Luis al tiempo que advirtió que -de acuerdo a estimaciones de organismos internacionales especializados- habrá un retroceso de 15 años con respecto a la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
La FAO y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), tiene estudios que anticipan que después del COVID-19, en 2020 las personas en pobreza subirán de 186 a 214 millones de habitantes en tanto que pobreza extrema pasará de 67.5 a 83.4 millones de personas solo en América Latina. Se espera que entre 2019 y 2020 la tasa de pobreza regional pase 30.3 a 34.7 y la de pobreza extrema de 11% a 13.5 % en este año.
Como resultado de esta pandemia se están afectando las cadenas de transmisión de alimentos lo cual afectará tanto el tipo de oferta como de la demanda. Explicó al respecto que después del aislamiento social, ha seguido la crisis económica mundial por la pérdida de empleos y eso conlleva la falta de poder de compra de alimentos lo que impactará en el tipo de comida que puedan comprar los ciudadanos, lo cual prevé que afectará principalmente a 2 grupos vulnerables: niños y adultos mayores.
Además de la afectación en la dieta de los mexicanos, se han roto las cadenas alimentarias en especial en ciertos tipos de alimentos perecederos lo cual también impactará en el tipo de comida que estará al alcance de los ciudadanos, es decir, serán los más procesados y con conservadores y no habrá acceso a alimentos nutritivos.
Advirtió que en algunas zonas de América Latina la situación se puede tornar dramática en virtud de que no se podría asegurar el alimento 3 veces al día para todos los habitantes. Por lo que se requiere atención y respaldo de todos los órganos del Estado y apoyo de la población en general.
Reconoció que algunas empresas privadas han implantado acciones para llevar alimentos a grupos vulnerables y la sociedad civil se ha organizado para actuar en el mismo sentido. Sin embargo, reconoció que es el gobierno quien debe atender con estrategias focalizadas la atención de la seguridad alimentaria después del COVID, incluso ahora que ya miles de personas están perdiendo su empleo y está afectando su acceso a una canasta básica.
