Con agresión sobre la presidenta de la Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito A.C., Rosario Torres Mata por parte de un policía que custodiaba el acceso al Congreso del Estado, se llevó a cabo la “Marcha por la Verdad y la Justicia por todas las Víctimas del Delito” por calles del Centro Histórico de la capital potosina.

El contingente de unas 80 personas partió desde el Museo del Ferrocarril y ahí tomó hacia Eje Vial para manifestarse frente a la Fiscalía General de Justicia semiparalizando el tráfico vehicular al cerrar prácticamente ambos carriles.

De ahí partieron hacia el Congreso del Estado donde el diputado Edgardo Hernandez atendió por unos minutos a los familiares de las víctimas, empero al intentar ingresar detrás de él, un elemento de seguridad que resguarda el acceso impidió de manera violenta a Rosario Torres Mendoza al parecer colocando su antebrazo sobre su cuello.

Ante la presión del resto de los integrantes del movimiento, finalmente pudo acceder al recinto donde tres diputados sostenían una reunión para únicamente lograr que dentro de la agenda legislativa se les programará para discutir su problemática al parecer el próximo martas.

Torrres Mendoza dijo que dentro de la asociación existen 157 casos de familiares que han sido víctimas de la delincuencia entre secuestros, homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, entre otras, que siguen en espera de que se les haga justicia, ya que desafortunadamente se trata de procesos que son muy tardados, pues estimó que el el marco legal favorece a los delincuentes, quienes pueden promover una serie de amparos para evitar pagar por sus crímenes.

“No tenemos que festejar este 10 de mayo, queremos paz, queremos justicia y queremos que nuestros familiares que están desaparecidos regresen con nosotras. Hay muchas víctimas colaterales, niños, hijas e hijos, abuelos que esperan respuesta”, dijo la presidenta de
la Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito.

La marcha también tuvo como característica una mujer que recientemente perdió a su esposo e hijo, que cayó en crisis nerviosa mientras los demandantes aguardaban un encuentro con el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, y aún cuando fueron atendidos por el funcionario, no hubo al parecer un compromiso firme para dar resultados en turno a la resolución de los casos.