Por instrucción de la Santa Sede y una vez que fueron analizados los casos de pederastia que han lastimado a todo el mundo, las conferencias episcopales incluida la de México, deberán verificar y supervisar en cada diócesis el cumplimiento de una serie de acuerdos que ha sido tomados, donde hay una orden precisa de apoyar a las víctimas, no encubrir, y denunciar cualquier indicio que a este respecto pudiera presentarse en cada una de las parroquias, sí lo señaló el arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero.
El prelado dio lectura a los medios de comunicación de los acuerdos que fueron tomados en la Conferencia Episcopal en la que se definieron lineas de acción muy precisas para acabar con esta situación, donde destaca como primer punto el hecho de que la iglesia deberá situarse en favor de las víctimas “no es suficiente pedir perdón, es necesario un cambio de perspectiva y poner a la víctima en primer lugar, escucharla, acompañarla y comprometerse en su procesos de sanación, promoviendo entre las diócesis que se lleve a cabo los procesos de denuncia civil y ofreciendo toda la cooperación eclesial a la autoridad ministerial”, precisó el arzobispo.
Cabrero Romero dijo además que en un segundo punto, se trabajará de manera más puntual en el proceso de la formación sacerdotal que se lleva a cabo en los seminarios, mediante la participación de especialistas, entre ellos psicológos. “Estaremos apoyados por especialistas; la selección y formación de nuestros sacerdotes desde su ingreso al seminario deberá estar acompañando en su proceso formativo y permanente, a fin de lograr una vivencia plena de su vocación y evitar tener sacerdotes que sean o representen un riesgo para los menores y para las personas más vulnerables”, señaló.
Finalmente el arzobispo destacó que estas disposiciones o acuerdos tomados ya están elevados a rango normativo no solo indicativo, lo que se traduce en que cada una de las diócesis actuarán en cumplimiento de los procedimientos canónigos establecidos validados por la Santa Sede y apoyar la aplicación del el protocolo de ampliación civil y penal de lo diferentes estados de la República, además de tomar en cuenta las consideraciones que las propias diócesis hagan a nivel local.
