Autoridades ministeriales cometen errores para aplicar correctamente los protocolos de atención de feminicidios en el país, pues en ocasiones acostumbran calificar algunas muertes como suicidios sin realizar las averiguaciones correspondientes, señaló Aurelio Coronado Mares, psicólogo y especialista en Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, durante su participación en el “Seminario de Actualización, Investigación, y Análisis Forense de Violencia de Género y Feminicidio” que el Instituto de la Mujeres del Estado (IMES), a través del área de capacitación organizó para las y los servidores públicos de distintas instancias involucradas en la atención de la violencia contra esté género.

Explicó que cuando se presentan estos hechos no deben calificarse como suicidios en investigaciones que se realizan de manera exprés y concluyen en menos de 24 horas, pues no van al fondo del asunto, ya que puede tratarse de simulaciones y que la persona fallecida en realidad haya sido asesinada, hechos que quedan impunes por omisiones de las autoridades.

Coronado Mares dijo que cuando se registra una muerte de una mujer en hecho de violencia, el Ministerio Público debe activar el protocolo de feminicidio, el cual en teoría obliga a llevar a cabo indagatorias más pormenorizadas y el reguardo de evidencia para investigar si se trata de un incidente de violencia de género.

El experto en criminalística explicó los procedimientos técnicos y metodológicos que se requieren para una investigación y presentación de informe en casos que involucren violencia de género y feminicidio, además de ofrecer herramientas necesarias para comprender las variables del procedimiento en el contexto de un sistema penal acusatorio.

El seminario fue dirigido a las y los servidores públicos del: Instituto de las Mujeres del Estado, Centro de Justicia de la Mujer, Fiscalía de la Mujer, La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, C4, Servicios de Salud, La Asociación Civil “Otra Oportunidad”, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Derechos Humanos.