La oficial del Registro Civil Teresa Carrizales Hernández acudió con regidores del ayuntamiento de la capital para entregar una solicitud manifestando que se convoque a una sesión extraordinaria de Cabildo, a efecto de tratar la destitución del director de la DGSPM Edgar Jiménez Arcadia y del secretario general Sebastián Pérez, tras la recomendación emitida por la CEDH, luego de que se demostró que hubo violaciones a sus derechos humanos, durante el violento desalojo que se suscitó de sus oficinas el pasado 1 de julio.
La afectada señaló que la Contraloria interna del ayuntamiento y las instancias de investigación, junto al Congreso del Estado que aborda el tema de juicio político, tienen toda las pruebas necesarias para proceder no solamente en el tema de las agresiones, de las cuales ya dio constancia derechos humanos, sino de los actos de corrupción a través de las irregularidades administrativas que se han estado cometiendo, por lo que dijo estar confiada en que éstas denuncias prosperen y se sancione a los funcionarios involucrados.
Teresa Carrizales adelantó que a finales de el mes de octubre estará acudiendo a la Secretaría de la Función Pública, para presentar todas estas denuncias a invitación dijo del gobierno federal para documentar la violación a sus derechos humanos como las irregularidades que se cometen por parte del Ayuntamiento que encabeza Javier Nava Palacios.
“Creo que si empezamos a dudar de las instituciones garantes de los derechos humanos, si estas están coludidas con los violentadores, estamos jodidos como sociedad. También estamos presentando otro delito que se está haciendo por la falsificación y uso de documentos públicos, y también vengo a eso exponer ante los regidores porque el alcalde no quiere entender que esto no es un virreinato y que el cabildo es la autoridad máxima y es el que decide sobre su futuro o no de estos funcionarios”, concluyó.
